El senado sancionó ayer la ley de
despenalización del aborto en un falló histórico que llevaba más de dos décadas
de discusión y está a la espera de la promulgación por parte del presidente de
la república José Mujica.
Luego de cinco horas de discusión, con
diecisiete votos a favor y catorce en contra. Votaron a favor los senadores frenteamplistas sumado al
senador nacionalista Jorge Saravia mientras que el resto de los blancos y
colorados votaron en contra.
El partido nacional no aplicó disciplina partidaria
a diferencia de los otros partidos, sino que argumentaron que este tema debía
ser votado desde la consciencia por lo que el senador Jorge Saravia decidió
apoyar la promulgación de la ley.
En la sesión hubo varios
suplentes. No estaban los senadores frenteamplistas Carlos Baraibar), Enrique
Rubio, Héctor Tajam y Luis Rosadilla Y en el Partido Nacional no asistió Luis
Alberto Lacalle. Algunos de estos senadores estaban a favor de la ley y otros
en contra.
Desde el frente amplio se
argumentó que la ley responde a una realidad social uruguaya dada a la cifra
existente de 33.000 abortos clandestinos realizados por año en condiciones
deplorables y que la causa debe ser atendida. Además se cree desde el partido
que cuentan con la mayoría del apoyo popular.
Saravia, que fue al igual que
en el momento en que se trató la ley de caducidad, el que votó distinto a su
partido argumentó que la ley que ahora se modifica y que penalizó el aborto en
1938 "es una ley fascista, de un Uruguay que ya no existe", que
"ha provocado en la sociedad los números que hoy tenemos: 33.000 abortos
clandestinos por año y un 27% de muerte de mujeres por embarazos no
deseados".
Larrañaga por otra parte dijo
que de llegar a la presidencia en las próximas elecciones, derogará la ley,
además anuncio que esta misma tarde se lanzará una campaña para someter a
referéndum a esta ley.
Saravia opinó también sobre un
posible referéndum. "Yo estoy a favor de la vida, en contra del aborto.
Debe decidir la sociedad. Yo voy a ser el primero en firmar para una consulta
popular"
La ley dictamina de
todas maneras que para llevar a cabo el proceso adoptivo, la paciente al
expresar su deseo de abortar deberá ser recibida por el ginecólogo al cual
deberá explicarle el motivo que la lleva a querer detener el embarazo. Desde
allí será derivada a un equipo multidisciplinario integrado por sicólogos,
asistentes sociales y otros profesionales. Allí la asesorarán acerca de las opciones
que tiene al aborto, y el apoyo económico y social del Estado.
Luego tendrá cinco días para reflexionar
y si aún así quiere interrumpir su embarazo, volverá a reunirse con la comisión
de profesionales que la atendió en un principio, y allí se le recetará el
Misoprostol, la pastilla creada para tratamientos intestinales que, como
consecuencia colateral, provoca un aborto.
Marcos Taborda
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